La megadeuda en que están sumidos algunos ayuntamientos, aún advierte la posibilidad de emprender acciones administrativas y hasta penales en algunos de los ayuntamientos mexiquenses que recién abandonaron sus funciones en diciembre pasado. Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Zinacantepec encabezan la lista de las tesorerías municipales que no sólo enfrentan números rojos, sino que además detectan diversas irregularidades como trasferencias inusuales y falta de pagos en nómina y proveedores. El asunto financiero es insostenible para muchos alcaldes.
El Órgano Superior de Fiscalización comenzará en breve el análisis del último año de gobierno de los ayuntamientos. Sobra decir, que lo que estará bajo la lupa del contralor, será el ejercicio presupuestal correspondiente al año electoral, donde la sospecha del desvío de recursos se agudizó, y donde la falta de liquidez tocó fondo en al menos una veintena de municipios. Los alcaldes actuales están obligados a denunciar, y a no ser parte de la complicidad o la omisión de las inconsistencias.
Pero si la lógica de los últimos años impera, lo más que podemos esperar es un acuerdo político entre partidos, que permita la exoneración de quienes cometieron irregularidades, y quienes hasta posiblemente incurrieron en delitos. La autonomía municipal se sigue malentendiendo como el ejercicio arbitrario de los gobiernos locales. Lo ideal sería emprender acciones legales, como recién ocurrió en Chiapas, donde una decena de ex presidentes municipales pisaron la cárcel por delincuentes.
Azucena Olivares, David Castañeda y Gustavo Vargas pueden dormir con tranquilidad si lo que priva es la componenda. La advertencia hecha en días pasados por Erasto Martínez de que no habrá rescate financiero es tan débil, como admitir el ilícito, pero no tener la dureza para emprender acciones en su contra. No se trata de una cacería de brujas, pero se requiere de resarcir el daño a las haciendas municipales.
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Y mientras los ayuntamientos se quejan amargamente de su falta de liquidez, no hay mecanismos de solventación. En el colmo de su inoperancia, ayuntamientos como Toluca, han determinado que el gobierno del estado absorba las atribuciones recaudatorias, ante la incapacidad por acrecentar el pago del impuesto predial entre los toluqueños. Si bien, eso permitirá a la capital mexiquense incrementar sus ingresos, poco se puede esperar del resto de ayuntamientos con mayores carencias.
Ni qué decir del supuesto fortalecimiento al municipalismo que tanto pregonó Eruviel Ávila. En esa medida, los ayuntamientos se harán cada vez más dependientes de la estructura del Ejecutivo Estatal para desarrollar sus tareas básicas. Los ayuntamientos se están convirtiendo en meros gestores de recursos, generadores de deuda, sin construir condiciones de sustentabilidad, con mera autosuficiencia para su nómina.
